Una jueza de distrito ha fallado en contra de la controvertida decisión de la Comisión de la ciudad de Miami de cambiar la fecha de sus elecciones municipales para el año 2026, dictaminando que la medida viola la carta constitutiva de la ciudad y las leyes del estado de Florida. El fallo judicial, emitido esta tarde, representa un revés significativo para la administración municipal y una victoria temporal para el grupo de demandantes, encabezado por el candidato a la alcaldía Emilio González, quienes argumentaban que la alteración del calendario electoral era ilegal y otorgaba una extensión injustificada en el mandato de los funcionarios en el cargo.
En el corazón del fallo se encuentra una cuestión fundamental de autoridad. La magistrada determinó que, según los estatutos que rigen la ciudad, la potestad para modificar la fecha de unas elecciones recae exclusivamente en los votantes, no en la Comisión. Esta interpretación legal anula la votación dividida con la que los comisionados habían aprobado inicialmente la medida. La justificación esgrimida por la ciudad para el cambio –aumentar la participación electoral al hacer coincidir los comicios municipales con las elecciones presidenciales y de gobernador de noviembre de 2026– fue considerada insuficiente para sobrepasar el marco legal establecido.
La reacción al fallo fue inmediata y polarizada. Emilio González, el demandante, calificó la decisión como «muy correcta», afirmando que su equipo presentó una «documentación sólida y sobria» que demostraba que la ciudad actuó de manera «indebida e ilegal». Por otro lado, la ciudad de Miami, a través de un comunicado, expresó su discrepancia «respetuosa» con la corte de primera instancia, pero manifestó su «confianza en la solidez» de su caso y su intención de apelar la decisión, manteniéndose «optimista» sobre el resultado final.
La disputa trasciende lo meramente legal y adquiere un marcado tinte político. Un comisionado que votó en contra de la propuesta y se unió a la demanda advirtió sobre la posibilidad de que el gobernador Ron DeSantis, quien previamente había rechazado la decisión municipal, proceda a suspender al alcalde y a los comisionados que apoyaron el cambio. Esta advertencia refleja la alta tensión partidista que rodea el caso. Mientras los partidarios del cambio insisten en el beneficio de una mayor participación ciudadana, sus opositores ven en la medida una maniobra para prolongar los mandatos actuales sin el consentimiento de los votantes, alterando las reglas del juego a mitad del partido.
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Con la apelación ya anunciada y la proximidad de las elecciones originalmente programadas para este noviembre, se espera que el litigio avance de manera urgente hacia la Corte Suprema de Florida, la cual podría emitir un fallo definitivo en un plazo no mayor a dos semanas. La resolución final sentará un precedente crucial sobre los límites del poder de los gobiernos municipales para alterar los procesos electorales sin el aval directo de la ciudadanía.
