La crisis eléctrica en Cuba ha alcanzado niveles críticos en los últimos meses, con apagones que se extienden por más de 20 horas consecutivas en algunas provincias del país. En medio de este escenario, el presidente Miguel Díaz-Canel ha insistido en atribuir la responsabilidad principal al embargo estadounidense, utilizando como ejemplo emblemático la situación de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, considerada una de las instalaciones energéticas más importantes de la isla. Sin embargo, un análisis detallado revela que el problema es multifactorial, combinando sanciones externas con décadas de falta de mantenimiento y gestión ineficiente.
La Termoeléctrica Guiteras, ubicada en la provincia de Matanzas, ha sido presentada por el gobierno cubano como el epicentro de la crisis energética nacional. Con una capacidad instalada de 330 megavatios, esta planta podría generar aproximadamente el 10% de la demanda eléctrica del país en condiciones óptimas de funcionamiento. No obstante, según datos oficiales, actualmente opera a menos del 30% de su capacidad debido a problemas técnicos recurrentes y la imposibilidad de acceder a piezas de repuesto esenciales.
Rubén Campos, director de la Guiteras, explicó en una reciente intervención difundida por el gobierno que el punto de inflexión ocurrió en 2015, cuando la estadounidense General Electric adquirió la francesa Alstom, empresa responsable original del diseño y mantenimiento de la planta. Esta transacción comercial, según Campos, dejó a Cuba sin acceso al soporte técnico y los repuestos especializados necesarios para el funcionamiento de la termoeléctrica. «Alstom era nuestro proveedor principal, pero cuando GE compró la empresa, todo cambió. Nos quedamos sin respaldo técnico y sin posibilidad de adquirir componentes críticos», afirmó el directivo.
Entre los ejemplos concretos citados por Campos se encuentra el caso de reguladores de velocidad valorados en un millón de dólares que, aunque ya pagados, nunca fueron entregados debido a restricciones comerciales. También mencionó el envío de bombas y válvulas desde Jamaica hacia Francia que fueron devueltas por contener componentes de origen estadounidense, así como la cancelación de visitas de especialistas extranjeros debido a presiones políticas. «Usted puede tener el dinero, pero si no tiene banco con que trabajar es como si no lo tuviera», lamentó Campos durante su exposición.
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No obstante, expertos en energía consultados para este artículo señalan que el embargo estadounidense, si bien representa un obstáculo significativo, no explica completamente la profundidad de la crisis. El ingeniero eléctrico Carlos Fernández, exdirector de mantenimiento en plantas termoeléctricas cubanas y ahora radicado en Miami, sostiene que «el problema principal es la falta de planificación y mantenimiento preventivo durante décadas. Muchas de las piezas que hoy escasean podrían haberse fabricado localmente o buscado alternativas en otros mercados si hubiera existido una estrategia clara de sustitución de importaciones».
Fernández añade que «la dependencia de una sola fuente de suministro para equipos críticos fue un error estratégico. Cuando se depende de un solo proveedor internacional para tecnología tan especializada, se crea una vulnerabilidad enorme». Este punto es particularmente relevante si se considera que la Guiteras comenzó sus operaciones en 1986, lo que significa que durante casi cuatro décadas no se desarrolló una capacidad nacional para mantenerla de manera autónoma.
La situación se ha agravado por el envejecimiento del parque generador en todo el país. Según datos de la Unión Eléctrica de Cuba, el 60% de las plantas termoeléctricas tienen más de 30 años de explotación, superando su vida útil proyectada. Esto se combina con frecuentes averías en las centrales de generación distribuida que funcionan con fuel oil, y la incapacidad de las fuentes renovables para compensar el déficit.
El gobierno cubano ha respondido a la crisis implementando un estricto programa de racionamiento eléctrico que afecta diferencialmente a las diversas provincias. Mientras algunas regiones reportan cortes de hasta 25 horas consecutivas, otras experimentan interrupciones más esporádicas. Esta disparidad ha generado malestar social y cuestionamientos sobre la transparencia en la distribución de las cargas del apagón.
El viceministro de Energía y Minas, Argelio Jesús Abad Vigoa, reconoció recientemente en la Mesa Redonda -programa estelar de la televisión oficial- que la situación es «grave» y que no es posible rotar los circuitos eléctricos debido a la magnitud del déficit. Sin embargo, insistió en que «los apagones son consecuencia del criminal bloqueo norteamericano, no es muela», utilizando una expresión coloquial cubana para enfatizar la veracidad de su afirmación.
La crisis eléctrica tiene impactos en cascada sobre otros sectores esenciales. Hospitales, centros de producción de alimentos, sistemas de bombeo de agua y servicios de comunicaciones dependen críticamente del suministro estable de energía. En muchas comunidades, los cubanos han tenido que adaptarse a una realidad donde la electricidad es un bien escaso que requiere planificación meticulosa para actividades básicas como conservar alimentos o cargar dispositivos electrónicos.
La solución a largo plazo, según analistas independientes, requeriría una combinación de flexibilización de las sanciones internacionales, inversión en modernización tecnológica y desarrollo de fuentes renovables. No obstante, en el corto plazo, el gobierno parece optar por una estrategia de gestión de la escasez que prioriza servicios esenciales mientras atribuye la responsabilidad principal a factores externos.
El caso de la Termoeléctrica Guiteras ilustra así la compleja interacción entre factores externos e internos que caracteriza la crisis energética cubana. Mientras el gobierno insiste en el relato del bloqueo como causa única, la evidencia sugiere que se trata de un problema estructural que combina sanciones internacionales con décadas de subinversión, falta de mantenimiento y dependencia tecnológica. La resolución de esta crisis requerirá, más allá del levantamiento del embargo, una profunda reforma del modelo de gestión energética que hasta ahora no ha sido abordada de manera integral.
