El reciente juicio contra Yaser García López, un veterinario de Villa Clara condenado a ocho años de prisión por «propaganda contra el orden constitucional» y «desacato», ha encendido las alarmas sobre el estado de las libertades fundamentales en Cuba. El caso, que involucra comentarios críticos al gobierno realizados durante un apagón eléctrico, se ha convertido en un símbolo de la sistemática criminalización de la disidencia en la isla y refleja el endurecimiento de la represión tras las protestas del 11 de julio de 2021.
Yaser García López, de 34 años, ejercía su profesión como veterinario en la provincia de Villa Clara cuando fue detenido en mayo de 2024. Según los cargos presentados por la Fiscalía, el joven habría expresado críticas contra el gobierno durante un prolongado apagón que afectó a su comunidad, utilizando frases consideradas «desacatosas» hacia las autoridades. Además, se le imputa la publicación de contenidos críticos en redes sociales, específicamente en Facebook, donde compartió opiniones sobre la situación económica y social del país.
El proceso judicial, llevado a cabo en el Tribunal Provincial de Villa Clara, ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos por múltiples irregularidades. Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex, señaló a este medio que «el caso de Yaser García evidencia la utilización del sistema penal como herramienta de control político. Se están aplicando figuras jurídicas ambiguas para castigar la legítima expresión de descontento».
Los cargos de «propaganda contra el orden constitucional» y «desacato» han sido utilizados frecuentemente por el gobierno cubano para judicializar la disidencia. El primero, establecido en el artículo 115 del Código Penal, castiga con hasta 7 años de prisión la «difusión de noticias falsas o predicamentos tendenciosos», mientras que el «desacato» (artículo 144) penaliza con hasta 3 años las ofensas a funcionarios públicos. La ambigüedad en la definición de estos delitos permite su aplicación discrecional contra críticos del gobierno.
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Testigos del juicio, que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias, describieron a García López como un profesional respetado en su comunidad, conocido por su compromiso con el bienestar animal y su participación en proyectos de desarrollo local. «Yaser siempre fue una persona pacífica, dedicada a su trabajo. Sus comentarios durante el apagón fueron producto de la frustración que todos sentimos, no un llamado a la violencia», afirmó un colega veterinario que prefirió mantener su identidad en reserva.
El contexto del caso es particularmente significativo. Las protestas del 11 de julio de 2021 marcaron un punto de inflexión en la relación entre el Estado cubano y la disidencia, llevando a un endurecimiento de la represión que ha sido documentado por organizaciones internacionales. Según el observatorio de derechos humanos Justicia 11J, más de 1.500 personas han sido detenidas por motivos políticos desde aquellas manifestaciones, con condenas que llegan hasta los 30 años de prisión en algunos casos.
La respuesta internacional no se ha hecho esperar. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su «preocupación» por el uso de figuras penales para silenciar voces críticas en Cuba, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó el caso de García López en su más reciente informe sobre la situación en la isla.
Sin embargo, el gobierno cubano mantiene su posición. En declaraciones a la prensa oficial, el jurista Eduardo Pérez Rodríguez defendió la legalidad del proceso, argumentando que «en Cuba se garantizan los derechos constitucionales, pero también se exige el cumplimiento de los deberes ciudadanos. La crítica constructiva es bienvenida, pero la desestabilización no puede ser tolerada».
Esta postura oficial contrasta con la realidad que viven los cubanos en su día a día. El acceso a internet, aunque más extendido que en años anteriores, sigue estando sujeto a vigilancia y control. Plataformas como Facebook y Twitter son monitoreadas por perfiles oficiales que identifican y reportan contenidos críticos, en lo que activistas denominan «ciberpatrullaje».
El caso de Yaser García López se enmarca además en un patrón más amplio de persecución a profesionales. En los últimos meses, médicos, profesores y ahora veterinarios han sido objeto de sanciones por expresar opiniones críticas. Esta tendencia sugiere una estrategia deliberada de silenciar a sectores educados que podrían ejercer liderazgo en sus comunidades.
Las consecuencias del encarcelamiento de García López trascienden lo individual. Su familia, compuesta por su esposa y dos hijos pequeños, ha quedado en situación de vulnerabilidad económica. Colegas y amigos han organizado una campaña de solidaridad que incluye la recolección de alimentos y medicinas, pero temen represalias si su apoyo se hace demasiado visible.
Organizaciones de la sociedad civil independiente han llamado a la comunidad internacional a no permanecer indiferente. «El silencio cómplice legitima la represión», afirmó un representante del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. «Cada vez que un profesional como Yaser es encarcelado por sus ideas, Cuba se aleja más del Estado de derecho que dice defender».
El futuro inmediato de Yaser García López parece sombrío. Con una condena de ocho años por delitos que organizaciones internacionales consideran violatorios de estándares básicos de derechos humanos, su caso se suma a la larga lista de presos políticos en Cuba. Mientras tanto, el mensaje que envía su condena es claro: en la Cuba actual, expresar desacuerdo con el gobierno puede tener consecuencias devastadoras.
La situación plantea interrogantes fundamentales sobre el futuro de la isla. ¿Puede un país prosperar cuando silencia a sus profesionales más capacitados? ¿Es compatible el desarrollo económico con la represión sistemática de la libertad de expresión? El caso de este veterinario de Villa Clara sugiere que, hasta que Cuba no abrace la pluralidad y el disenso como valores fundamentales, seguirá condenada al estancamiento y al éxodo de sus talentos.
